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  • El liberalismo no es libertarismo

    El liberalismo no es libertarismo

    En el debate público actual se confunden con frecuencia dos tradiciones que, aunque emparentadas, no son equivalentes: el liberalismo y el libertarismo.

    Reducir el liberalismo a una mera defensa de la ausencia de Estado es desconocer su raíz histórica y su vocación profundamente humanista. El liberalismo no es una ideología de la selva; es una filosofía política nacida para proteger la dignidad de la persona frente al abuso del poder.

    Una tradición que nace para limitar el poder

    El liberalismo moderno hunde sus raíces en pensadores como John Locke, Montesquieu y Adam Smith. Todos ellos compartían una preocupación central: cómo garantizar la libertad individual frente al poder arbitrario, ya fuera monárquico, clerical o estatal.

    Para Locke, la libertad no era aislamiento, sino el reconocimiento de derechos naturales —vida, libertad y propiedad— que el Estado debía proteger. Montesquieu formuló la separación de poderes como mecanismo para evitar la tiranía. Adam Smith, a menudo caricaturizado, no solo habló de mercados, sino también de simpatía moral y cohesión social.

    El liberalismo clásico no nació contra la sociedad, sino contra el abuso.

    Libertad no es ausencia de normas

    El libertarismo contemporáneo tiende a concebir la libertad casi exclusivamente como ausencia de interferencia estatal. Bajo esa lógica, cualquier regulación es sospechosa y cualquier impuesto es una forma de coacción.

    El liberalismo, en cambio, entiende que la libertad necesita un marco jurídico e institucional que la haga posible y sostenible. Sin Estado de derecho, sin tribunales independientes, sin garantías jurídicas, la libertad se convierte en privilegio del más fuerte.

    Aquí resulta clave la aportación de John Stuart Mill, quien defendió la libertad individual siempre que no dañara a terceros. La famosa “regla del daño” no es una invitación al egoísmo absoluto, sino un criterio moral para equilibrar autonomía y responsabilidad.

    Liberalismo es también igualdad jurídica

    El liberalismo auténtico no es indiferente a la desigualdad ante la ley. Al contrario: nace para abolir privilegios estamentales y consagrar la igualdad jurídica. La libertad liberal exige reglas comunes, aplicables a todos, sin excepciones corporativas ni protecciones arbitrarias.

    Esta dimensión institucional fue desarrollada en el siglo XX por autores como Friedrich Hayek, quien insistió en la importancia del Estado de derecho y en la necesidad de normas generales y abstractas. Incluso para Hayek, el Estado no desaparece: cumple la función esencial de garantizar el orden legal que permite la cooperación social.

    Humanismo liberal: la persona en el centro

    Decir que el liberalismo es humanismo no es una exageración retórica. Significa colocar a la persona —no al colectivo abstracto, no a la nación mítica, no al partido— como sujeto de derechos y responsabilidades.

    El liberalismo desconfía tanto del poder concentrado del Estado como del poder concentrado de cualquier grupo que pretenda imponer una visión única de la vida buena. Defiende la pluralidad, la tolerancia y la convivencia pacífica entre proyectos vitales distintos.

    Frente a los totalitarismos del siglo XX, el liberalismo fue una barrera moral e institucional. Y frente a los populismos actuales, sigue ofreciendo una brújula: limitar el poder, proteger derechos, garantizar reglas claras.

    Libertad con responsabilidad

    El libertarismo radical puede caer en la tentación de convertir la libertad en un absoluto abstracto, desligado de cualquier consideración social. El liberalismo, en cambio, asume que vivimos en sociedades complejas donde nuestras decisiones afectan a otros.

    Por eso, el liberalismo no es anarquía ni insolidaridad. Es libertad con responsabilidad, mercado con reglas, pluralismo con límites jurídicos claros.

    En tiempos de polarización ideológica, recuperar el sentido original del liberalismo es más necesario que nunca. No se trata de diluir la libertad, sino de comprenderla en toda su profundidad: como conquista moral, como arquitectura institucional y como compromiso con la dignidad humana.

    El liberalismo no es libertarismo. Es libertad, sí. Pero también es humanismo.

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  • PLIE ante la crisis con Irán

    PLIE ante la crisis con Irán

    La posición adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la actual crisis con Irán resulta, desde cualquier prisma de geoestrategia española seria, profundamente incomprensible. España no puede permitirse ambigüedades cuando están en juego la estabilidad de Oriente Medio, la seguridad energética europea y la credibilidad de nuestras alianzas estratégicas.

    Irán no es un actor neutral ni un mero competidor regional. Es un régimen teocrático con ambiciones expansionistas, con un programa nuclear de evidente potencial militar y con un historial de apoyo explícito a organizaciones armadas que operan más allá de sus fronteras. Su implicación en conflictos regionales, directa o indirectamente, ha contribuido a cronificar la inestabilidad en Oriente Medio durante décadas.

    Un régimen que desestabiliza la región

    Irán mantiene una política exterior basada en la proyección de poder a través de milicias y actores armados aliados. Entre ellos destacan:

    • Hezbolá, actor determinante en Líbano y participante activo en dinámicas de confrontación con Israel.
    • Movimiento Hutí, cuya actividad en el mar Rojo y el entorno del estrecho de Bab el-Mandeb ha afectado directamente a rutas comerciales internacionales.

    Este patrón de actuación no responde a una lógica defensiva, sino a una estrategia de expansión de influencia regional mediante la presión militar indirecta y la intimidación estratégica.

    Derecho a la defensa y límites humanitarios

    PLIE defiende con claridad un principio básico del derecho internacional: el derecho de todo Estado a defender su territorio y a sus ciudadanos ante ataques directos. Tanto Israel como Estados Unidos tienen derecho a responder si son objeto de agresiones directas.

    Ahora bien, ese derecho no es ilimitado. La proporcionalidad y la protección de la población civil deben ser condiciones innegociables. Las operaciones militares deben evitar objetivos civiles, infraestructuras sanitarias y prácticas contrarias al derecho internacional humanitario. La firmeza estratégica no puede confundirse con la pérdida de principios.

    Los intereses concretos de España

    España no es un observador distante. Nuestros intereses están directamente implicados.

    1. Compromiso OTAN y bases estratégicas

    Como miembro de la OTAN, España tiene compromisos claros con sus aliados. Las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón constituyen nodos logísticos esenciales para operaciones aliadas en el Mediterráneo y Oriente Medio. En un escenario de escalada, el apoyo logístico a Estados Unidos sería inmediato en virtud de los acuerdos bilaterales vigentes.

    Cuestionar esta realidad no es ejercer soberanía; es ignorar compromisos internacionales firmados y ratificados.

    2. Seguridad energética

    La inestabilidad en Oriente Medio repercute de forma directa en los mercados energéticos. España debe activar planes de contingencia que incluyan la diversificación urgente del suministro de crudo, reforzando acuerdos con socios como Argelia y Libia. La autonomía energética relativa no es una opción ideológica, sino una necesidad estratégica.

    3. Seguridad marítima en Baleares y Mediterráneo

    La creciente actividad de actores vinculados a Irán en rutas marítimas estratégicas obliga a reforzar la vigilancia naval y aérea en el Mediterráneo occidental. La protección de nuestras líneas de comercio y de los archipiélagos, especialmente Baleares, no puede quedar subordinada a equilibrios diplomáticos ambiguos.

    España debe definirse

    España es una nación atlántica, miembro pleno de la OTAN y de la arquitectura de seguridad occidental. Pretender una equidistancia entre una alianza democrática y un régimen teocrático con ambiciones nucleares no es prudencia: es desorientación estratégica.

    PLIE sostiene que el Gobierno debe rectificar su postura. La política exterior no puede construirse sobre gestos ideológicos ni sobre neutralidades aparentes que erosionan nuestra credibilidad internacional.

    La firme condena del belicismo sistemático del régimen iraní, el respaldo a nuestros aliados dentro del marco del derecho internacional y la defensa clara de los intereses nacionales españoles deben ser los pilares de nuestra posición.

    España debe actuar como lo que es: una aliada fiable, comprometida con la estabilidad, la legalidad internacional y la defensa de sus propios intereses. No como un actor ambiguo que diluye su voz en el momento en que más claridad se requiere.