La posición adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la actual crisis con Irán resulta, desde cualquier prisma de geoestrategia española seria, profundamente incomprensible. España no puede permitirse ambigüedades cuando están en juego la estabilidad de Oriente Medio, la seguridad energética europea y la credibilidad de nuestras alianzas estratégicas.
Irán no es un actor neutral ni un mero competidor regional. Es un régimen teocrático con ambiciones expansionistas, con un programa nuclear de evidente potencial militar y con un historial de apoyo explícito a organizaciones armadas que operan más allá de sus fronteras. Su implicación en conflictos regionales, directa o indirectamente, ha contribuido a cronificar la inestabilidad en Oriente Medio durante décadas.
Un régimen que desestabiliza la región
Irán mantiene una política exterior basada en la proyección de poder a través de milicias y actores armados aliados. Entre ellos destacan:
- Hezbolá, actor determinante en Líbano y participante activo en dinámicas de confrontación con Israel.
- Movimiento Hutí, cuya actividad en el mar Rojo y el entorno del estrecho de Bab el-Mandeb ha afectado directamente a rutas comerciales internacionales.
Este patrón de actuación no responde a una lógica defensiva, sino a una estrategia de expansión de influencia regional mediante la presión militar indirecta y la intimidación estratégica.
Derecho a la defensa y límites humanitarios
PLIE defiende con claridad un principio básico del derecho internacional: el derecho de todo Estado a defender su territorio y a sus ciudadanos ante ataques directos. Tanto Israel como Estados Unidos tienen derecho a responder si son objeto de agresiones directas.
Ahora bien, ese derecho no es ilimitado. La proporcionalidad y la protección de la población civil deben ser condiciones innegociables. Las operaciones militares deben evitar objetivos civiles, infraestructuras sanitarias y prácticas contrarias al derecho internacional humanitario. La firmeza estratégica no puede confundirse con la pérdida de principios.
Los intereses concretos de España
España no es un observador distante. Nuestros intereses están directamente implicados.
1. Compromiso OTAN y bases estratégicas
Como miembro de la OTAN, España tiene compromisos claros con sus aliados. Las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón constituyen nodos logísticos esenciales para operaciones aliadas en el Mediterráneo y Oriente Medio. En un escenario de escalada, el apoyo logístico a Estados Unidos sería inmediato en virtud de los acuerdos bilaterales vigentes.
Cuestionar esta realidad no es ejercer soberanía; es ignorar compromisos internacionales firmados y ratificados.
2. Seguridad energética
La inestabilidad en Oriente Medio repercute de forma directa en los mercados energéticos. España debe activar planes de contingencia que incluyan la diversificación urgente del suministro de crudo, reforzando acuerdos con socios como Argelia y Libia. La autonomía energética relativa no es una opción ideológica, sino una necesidad estratégica.
3. Seguridad marítima en Baleares y Mediterráneo
La creciente actividad de actores vinculados a Irán en rutas marítimas estratégicas obliga a reforzar la vigilancia naval y aérea en el Mediterráneo occidental. La protección de nuestras líneas de comercio y de los archipiélagos, especialmente Baleares, no puede quedar subordinada a equilibrios diplomáticos ambiguos.
España debe definirse
España es una nación atlántica, miembro pleno de la OTAN y de la arquitectura de seguridad occidental. Pretender una equidistancia entre una alianza democrática y un régimen teocrático con ambiciones nucleares no es prudencia: es desorientación estratégica.
PLIE sostiene que el Gobierno debe rectificar su postura. La política exterior no puede construirse sobre gestos ideológicos ni sobre neutralidades aparentes que erosionan nuestra credibilidad internacional.
La firme condena del belicismo sistemático del régimen iraní, el respaldo a nuestros aliados dentro del marco del derecho internacional y la defensa clara de los intereses nacionales españoles deben ser los pilares de nuestra posición.
España debe actuar como lo que es: una aliada fiable, comprometida con la estabilidad, la legalidad internacional y la defensa de sus propios intereses. No como un actor ambiguo que diluye su voz en el momento en que más claridad se requiere.
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